KEVIN TENÍA 7 AÑOS. Y UN PAÍS QUE LO MATÓ DOS VECES.

Kevin Arley Acosta Pico vivía en Palestina, un municipio del Huila. Era un niño alegre, activo, fanático de montar bicicleta. Tenía 7 años y hemofilia A severa, una condición genética que impide que la sangre coagule normalmente. Con tratamiento continuo, podía vivir. Sin él, cualquier golpe podía matarlo. 

El medicamento que lo mantenía con vida era el Emicizumab, que debía aplicársele cada 28 días. La última dosis que recibió fue el 2 de diciembre de 2025. Desde el 12 de diciembre, Kevin quedó sin IPS asignada porque la IPS Medicarte terminó su contrato con Nueva EPS. La transición a otra entidad nunca ocurrió. Nadie llamó. Nadie buscó al niño. El sistema simplemente lo abandonó. 

El domingo que cayó de la bicicleta, su madre lo llevó de urgencias al hospital de Palestina. Pidió que lo trasladaran, que necesitaba el medicamento, que no lo dejaran morir ahí. La respuesta fue que la autorización dependía de la EPS.  La misma EPS que hacía semanas no le entregaba sus medicamentos. Kevin murió el 13 de febrero de 2026 en la UCI del Hospital La Misericordia, en Bogotá. 

Hasta ahí, una tragedia. Lo que vino después, una ignominia.

En el Consejo de Ministros del 16 de febrero de 2026, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo dijo que “los niños con hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento”. En otras palabras: la culpa fue de Kevin por montarse en una bicicleta. 

El presidente Gustavo Petro fue más lejos: “Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos. Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe; las mamás no nacen aprendidas, menos en los niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”. 

Léalo de nuevo. El presidente de la República, frente a la muerte de un niño de 7 años abandonado por el sistema de salud que su gobierno controla, le dijo al país que la culpa fue de la madre por no educarse suficiente.

La asociación Médicos de Colombia respondió de inmediato y con claridad científica: “Un paciente hemofílico puede llevar una vida normal si recibe oportunamente su medicación”.  No era cuestión de bicicletas. Era cuestión de un medicamento que el Estado tenía la obligación legal de entregar y no entregó.

Los datos no mienten. Nueva EPS, intervenida por el propio Gobierno desde abril de 2024, tiene más de 16.000 afiliados con enfermedades raras. Las quejas contra esta EPS en el Huila pasaron de 39 en 2024 a 259 en 2025, un aumento del 564%. En el país entero, los reclamos no paran de crecer.  En 2025, fallecieron 530 pacientes con enfermedades raras afiliados a esa misma EPS.  Kevin no fue una excepción. Kevin fue una cifra más de un sistema en colapso administrado por quienes hoy señalan a su madre.

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras lo dijo sin rodeos: “Cuando un tratamiento vital no llega a tiempo, no es solo una falla administrativa; es una vulneración al derecho fundamental a la salud y a la vida. Ningún niño debería esperar por un medicamento que representa su oportunidad de vivir”. 

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó que la madre de Kevin “tuvo que atravesar múltiples barreras para que lo atendieran. Y cuando finalmente lo logró, su estado de salud ya era crítico”.  Esa madre no falló. Esa madre peleó sola contra un muro burocrático construido por quienes hoy la juzgan desde un Consejo de Ministros con micrófonos y cámaras.

Este gobierno lleva años perfeccionando el arte de no ser responsable de nada. Cuando la economía cae, es culpa del establecimiento. Cuando la seguridad se desmorona, es culpa de los medios. Cuando un niño muere por falta de medicamentos, es culpa de la mamá que no supo prevenir. La irresponsabilidad ya no es un accidente en este gobierno. Es una política de Estado.

Y mientras tanto, el Senado calla. Los organismos de control calculan. Los partidos aliados aplauden. Y una parte de la ciudadanía, anestesiada por el ruido político y la polarización fabricada, sigue mirando hacia otro lado.

Colombia, no podemos darnos ese lujo.

Kevin tenía 7 años. Tenía nombre, tenía historia, tenía una madre que lo amaba y que hoy entierra a su hijo mientras el Estado le dice que ella tuvo la culpa. Detrás de Kevin hay 530 pacientes que murieron en 2025 en silencio. Hay miles de colombianos que hoy mismo están esperando un medicamento que no llega. Y hay un gobierno que intervino una EPS, tomó el control, hundió el sistema y ahora le pregunta a las madres por qué no supieron prevenir.

Si esto no nos despierta, nada lo hará. Si frente a la muerte de un niño de 7 años seguimos debatiendo en términos partidistas, ya perdimos algo más que una elección.

El país que deja morir a sus niños y luego culpa a sus madres no merece llamarse república. Pero el país que se levante a exigirlo, ese sí puede salvarse. Y ese momento es ahora.

Omar Antonio Bedoya G.

@omantoni1